Demandas sociales y nueva realidad

Cecilia Cifuentes

“Estábamos en otra” cuando nos pilló esta crisis. La propia presidenta del Colegio Médico llamaba a marchar por las demandas feministas, cuando ya había contagios en Chile, porque “no hay riesgos y entre todas nos cuidamos”. Así de alejado estaba el país de la dura realidad que se nos venía encima. No faltaron los que dijeron que los llamados a precaución por parte del Gobierno eran una muy mala forma de detener las protestas y la violencia que las acompañaba.

El coronavirus, y la paralización económica que conlleva, llegó con fuerza a mostrarnos que el bienestar social y económico no es un dato de la naturaleza: se construye día a día con el trabajo y la creatividad de todos. No se pueden lograr mejores condiciones para la población simplemente pasando recursos de un bolsillo a otro, el dinamismo de la actividad es el camino para lograr bienestar social. La pandemia nos ha mostrado con crudeza esa realidad, y es de esperar que no se olvide cuando podamos volver a poner sobre la mesa los desafíos sociales que tiene el país.

Entre octubre y marzo pasados Chile enfrentó en un clima de violencia y polarización política las demandas ciudadanas, lo que a nivel político se imponía como una discusión de derechos, alejada de la necesidad de financiar en forma sostenible los beneficios sociales. Cuando logremos salir de esta emergencia nos encontraremos con demandas sociales mucho más agudas, un desempleo de dos dígitos y un retroceso en niveles de pobreza e indigencia de casi una década. Esa será entonces la prioridad, en la que Gobierno y oposición deberían concentrar sus mejores esfuerzos.

Nos encontraremos además con otra grave consecuencia de la pandemia: el problema de las finanzas públicas. En efecto, en medio de las urgencias de cada día pasó bastante inadvertido el significativo deterioro que registró la estimación de la situación fiscal de mediano plazo, luego del ajuste en la misma dirección de los parámetros estructurales. De acuerdo con el Comité de Expertos del PIB, Chile registrará tasas de crecimiento tendencial en torno a 2% en los próximos años, lo que lleva a un fuerte ajuste de los ingresos fiscales. Respecto a lo estimado por la Dipres en septiembre pasado, durante la discusión presupuestaria, los ingresos estructurales para el período 2021-2024 serían ahora US$ 17.000 millones inferiores, y como además se deberá ajustar el gasto desde un punto de partida de mayor déficit fiscal (8% del PIB), los espacios para política social se reducen en mayor medida que los ingresos.

¿Cómo se enfrentarán, entonces, las demandas sociales que teníamos antes de esta pandemia, a las que ahora se sumará la urgente necesidad de aliviar problemas de pobreza extrema y de creación de nuevas fuentes de trabajo? ¿Subiremos los impuestos a un sector privado enfrentando las consecuencias de una grave recesión? Eso sólo agravaría los problemas.

En ese contexto, la salida tiene dos componentes evidentes; primero, fomentar el crecimiento, ya que un país que crece a una tasa de 2% no tiene ninguna posibilidad de resolver problemas sociales, y segundo, gastar en forma mucho más eficiente los recursos del Estado. El despilfarro que existe en muchas esferas del aparato estatal pasa a ser un problema ético en las condiciones que enfrentaremos en adelante, y afortunadamente así parecen estar entendiéndolo las autoridades del Ministerio de Hacienda. Es de esperar que exista el necesario apoyo político en esta tarea, que se hace ineludible.